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Terremotos en Venezuela: más de 3.300 muertos entre el colapso estructural y fuertes denuncias por el control político de la ayuda

A doce días del devastador doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la región central y costera del país, la crisis humanitaria se profundiza. Mientras el balance oficial confirma 3.342 víctimas fatales y 16.740 heridos, el foco de la emergencia se ha desplazado hacia la gestión del Ejecutivo, sumando fuertes denuncias ciudadanas y políticas por negligencia, militarización de la asistencia y falta de transparencia.

El impacto del desastre y la negligencia estructural

La catástrofe golpeó con dureza la región metropolitana de Caracas y la zona litoral. Según el reporte oficial, el movimiento telúrico afectó a 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron por completo, dejando a 17.345 personas sin vivienda y refugiadas en 79 campamentos transitorios. El impacto también alcanzó patrimonios de incalculable valor, como la Ciudad Universitaria de Caracas.

Sin embargo, arquitectos y especialistas en gestión de riesgos enfatizan que la masiva destrucción no responde únicamente a la fuerza de los sismos. El colapso se atribuye a la falta de fiscalización de las normas antisísmicas en construcciones recientes y a la total ausencia de mantenimiento en la infraestructura pública durante los últimos años.

Militarización y uso político de la asistencia humanitaria

En el terreno operan más de 29.000 efectivos nacionales y miles de voluntarios que lograron rescatar a 6.462 personas bajo los escombros. No obstante, la fase de asistencia y recuperación se ve fuertemente empañada por la centralización de los suministros. El Gobierno ordenó que toda la ayuda humanitaria sea canalizada exclusivamente a través de comités oficiales y fuerzas de seguridad.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado que el traslado de insumos médicos y alimentos hacia las zonas más críticas está siendo retenido en alcabalas militares, donde se exige documentación excesiva o se confiscan los cargamentos para ser distribuidos bajo el sello del partido oficialista. A su vez, sectores de la oposición reclaman que el Ejecutivo ha bloqueado de manera selectiva el ingreso de equipos técnicos y ayuda proveniente de países críticos a su gestión, priorizando alianzas geopolíticas por encima de la emergencia.

Colapso sanitario y dudas sobre la verdadera cifra de víctimas

El desastre reabrió el debate sobre el deterioro crónico de los servicios. Los hospitales de la región central, que ya operaban con severas deficiencias de insumos, agua y energía antes del 24 de junio, colapsaron inmediatamente. Esto obligó al personal médico a atender heridos en patios y estacionamientos sin las condiciones mínimas de salubridad.

A la par, crece la desconfianza sobre las cifras de la tragedia. Iniciativas de búsqueda ciudadana, como la plataforma "Desaparecidos Terremoto Venezuela", y diversas ONG advierten que los balances oficiales excluyen deliberadamente zonas rurales y costeras aisladas por los derrumbes, sugiriendo que el número real de víctimas fatales y desaparecidos es significativamente mayor.

Frente a la falta de respuestas claras, las protestas vecinales han comenzado a multiplicarse en los centros de acopio y refugios, donde una población agotada reclama reubicaciones urgentes y exige que la atención humanitaria se realice de forma despolitizada, rápida y transparente.

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