BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo, dejando firme la medida cautelar que obliga a cumplir de manera inmediata con los puntos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica lo dictado por la Justicia en primera instancia. Si bien el máximo tribunal aún debe resolver la cuestión de fondo —la constitucionalidad del decreto presidencial que frenaba la norma—, la decisión exige la aplicación urgente de dos artículos estratégicos para el sostenimiento de las casas de estudio.
En concreto, la medida judicial obliga a la Casa Rosada a acatar el Artículo 5º, que dispone la actualización salarial del personal docente y no docente tomando como parámetro la inflación acumulada medida por el INDEC, junto con la obligación de convocar a paritarias trimestrales. Asimismo, impone el cumplimiento del Artículo 6º, que ordena la actualización automática de las becas estudiantiles nacionales, tales como las líneas Progresar y Manuel Belgrano.
El fallo genera un fuerte respaldo político e institucional para todo el sistema de educación superior y, en particular, para las universidades públicas de la región, que durante los últimos meses encabezaron agendas de reclamos, abrazos solidarios y clases públicas ante el congelamiento presupuestario.
Aunque en términos estrictamente financieros la resolución no activa un nuevo desembolso inmediato —dado que a principios de mes el Poder Ejecutivo había sellado un acuerdo transitorio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para transferir fondos salariales y gastos de funcionamiento—, las autoridades académicas decidieron mantener la demanda. Por este motivo, la comunidad educativa interpreta el fallo de la Corte como un blindaje jurídico definitivo ante eventuales recortes futuros.
En el desarrollo de la causa, los magistrados desestimaron además un planteo presentado por los apoderados del Gobierno, quienes habían solicitado la recusación de los jueces de la Corte bajo el argumento de que, por su condición de docentes en distintas facultades de derecho, carecían de la imparcialidad necesaria para resolver el conflicto. El tribunal calificó el pedido como improcedente, despejando el camino para la ratificación de la cautelar.
De este modo, mientras la Justicia contencioso administrativa resuelve el debate legal de fondo sobre la validez del decreto presidencial, la ley sancionada por el Congreso nacional recupera su fuerza imperativa para garantizar los recursos operativos del sistema universitario.
