El caso comenzó el día en que la familia de Agostina denunció que no respondía mensajes ni llamadas, algo inusual para ella. La última persona que la había visto con vida era su pareja, quien declaró que habían discutido y que ella se había ido por su cuenta. Esa versión se desmoronó en pocas horas.
La policía inició la búsqueda con el protocolo para mujeres desaparecidas. Testimonios de vecinos, registros de cámaras y movimientos telefónicos permitieron reconstruir los últimos desplazamientos de la joven. La secuencia llevó a los investigadores a un descampado de la zona, donde finalmente fue hallado el cuerpo.
El cuerpo de Agostina presentaba signos de violencia física y estrangulamiento, lo que orientó de inmediato la investigación hacia un femicidio. La autopsia confirmó que la muerte había ocurrido pocas horas después de su desaparición y que no había indicios de participación de terceros más allá del agresor.
La fiscalía ordenó la detención de su pareja, quien quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, la figura más grave del Código Penal para estos casos.
A lo largo de la investigación, la fiscalía reunió un conjunto de elementos que considera determinantes:
Cámaras de seguridad que muestran al acusado trasladándose por la zona donde luego apareció el cuerpo.
Mensajes y audios que evidencian un historial de violencia previa.
Pericias telefónicas que ubican al imputado en el lugar del hecho en el horario estimado de la muerte.
Rastros biológicos y huellas compatibles con una agresión en el domicilio que ambos compartían.
La defensa intentó instalar la hipótesis de un ataque por parte de terceros, pero no logró sostenerla: no hay registros, testigos ni evidencia material que respalde esa línea.
La causa se encuentra actualmente en la fase de elevación a juicio. La fiscalía ya notificó su intención de cerrar la instrucción y llevar al acusado a debate oral. La defensa presentó objeciones y pidió nuevas medidas, pero el juzgado aún no resolvió si las admitirá.
De no prosperar esos planteos, el expediente quedará listo para que el Tribunal Oral defina fecha de juicio. La expectativa es que el proceso se realice antes de fin de año.
La familia de Agostina se convirtió en un actor central del proceso. Participa de cada instancia judicial, impulsa marchas y mantiene activo el reclamo de justicia. Organizaciones feministas y colectivos territoriales acompañan el caso como un símbolo más de la violencia que atraviesa a miles de mujeres en el país.
“Queremos un juicio rápido y una condena ejemplar”, repiten en cada movilización.
Si el tribunal acepta la elevación a juicio, el acusado enfrentará una pena que va de prisión perpetua en adelante, dado el agravante por femicidio. La fiscalía considera que la prueba es sólida y que el caso no presenta fisuras. La defensa, en cambio, apuesta a cuestionar la cadena de indicios y la interpretación de las pericias.
El expediente entra así en su etapa más sensible: la que definirá si el crimen de Agostina Vega encuentra una respuesta judicial acorde a la gravedad del hecho y al reclamo social que lo rodea.
