La crisis política y social en Bolivia suma un nuevo capítulo de máxima tensión. Con carreteras bloqueadas, escasez de combustible y un clima de inestabilidad creciente, el presidente Rodrigo Paz lanzó una durísima acusación contra el exmandatario Evo Morales: lo señaló como el autor intelectual de una revuelta que busca un golpe de Estado y afirmó que dichas acciones están siendo financiadas directamente por grupos vinculados al narcotráfico.
A tan solo seis meses de haber asumido la presidencia, el gobierno de Paz enfrenta una ola de protestas con decenas de puntos de bloqueo en todo el país. Las manifestaciones, impulsadas por sectores afines a Morales y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), exigen la renuncia del actual jefe de Estado bajo el argumento de la crisis económica y el rechazo a sus recientes medidas, que incluyen la eliminación de subsidios y el acercamiento a organismos internacionales de crédito.
Lejos de ceder ante la presión de las calles, la administración de Rodrigo Paz decidió redoblar la apuesta. Desde el Ejecutivo denuncian que la convulsión social no responde a un genuino reclamo popular, sino que forma parte de un intento de desestabilización premeditado.
Según el presidente y sus ministros, Morales estaría utilizando el malestar social para gestar un "plan macabro" de derrocamiento, valiéndose de financiamiento del crimen organizado. El objetivo de fondo, afirman desde el gobierno, es evitar que la justicia avance sobre el líder cocalero —quien enfrenta diversas acusaciones penales y un cerco judicial que busca su extradición— y frenar cualquier intento de la actual gestión por combatir a los cárteles de la droga que operaron con facilidad durante las últimas dos décadas.
"No buscan diálogo ni mejoras para el pueblo boliviano, buscan inmunidad para sus delitos y tomar el poder por la fuerza para seguir operando", es el mensaje que resuena desde el círculo cercano a Paz, advirtiendo que el país enfrenta una amenaza "narco-terrorista" que intenta paralizar la nación.
Por su parte, Evo Morales y las bases que lo acompañan rechazan de plano estas acusaciones. El exmandatario, que en los últimos días ha impulsado marchas hacia La Paz, sostiene que Paz busca utilizar el fantasma del narcotráfico y el sicariato para criminalizar la protesta social y tapar el "desastre económico" de su gestión, a la que acusan de entregar los recursos naturales.
Los dirigentes movilizados han dado un ultimátum, advirtiendo que mantendrán los bloqueos de manera indefinida hasta que Paz abandone el poder. Mientras tanto, el gobierno boliviano prometió no retroceder y advirtió con aplicar el peso de la ley y las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.
Con un diálogo que parece totalmente quebrado, el desenlace político en el país andino se mantiene en vilo, despertando las alertas diplomáticas de toda la región frente a un escenario que amenaza con escalar a niveles de mayor violencia.
