BUENOS AIRES — En un giro judicial que representa una importante victoria política para el Gobierno Nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió revocar la medida cautelar que mantenía paralizada la nueva Reforma Laboral. De esta manera, quedó sin efecto el fallo dictado previamente por el juez de primera instancia, Raúl Ojeda, y la normativa vuelve a cobrar plena vigencia en todo el territorio argentino.
La decisión del tribunal de alzada se produjo tras hacer lugar a la apelación presentada por los abogados del Estado. Al concederse el recurso con "efecto suspensivo", la cautelar que frenaba la aplicación de los más de 80 artículos que componen la reforma queda inactiva hasta que la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad definitiva de la ley.
Semanas atrás, el juez laboral Raúl Ojeda había hecho lugar a una acción de amparo impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). En su fallo, el magistrado había argumentado que la entrada en vigor de la reforma representaba un riesgo inminente para los derechos sindicales, la estructura de la negociación colectiva y el derecho constitucional a huelga, ordenando así su suspensión inmediata.
Sin embargo, la Cámara Laboral consideró que los argumentos del Estado para apelar eran procedentes, permitiendo que el Gobierno avance con uno de los pilares fundamentales de su programa económico y de desregulación.
La noticia fue recibida con entusiasmo en los pasillos de la Casa Rosada. A través de comunicados oficiales y mensajes en redes sociales, tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Capital Humano celebraron el fallo, calificándolo como un "paso fundamental para la modernización del mercado de trabajo" y la "generación de empleo genuino".
Por su parte, desde la cúpula de la CGT expresaron su rechazo a la resolución de la Cámara. Fuentes cercanas a la central obrera adelantaron que sus equipos legales ya se encuentran trabajando en la estrategia a seguir. Al tratarse de un fallo de segunda instancia, el camino procesal indica que el destino final e ineludible de este conflicto de poderes será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá tener la última palabra sobre la validez de la reforma laboral.
Hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre la cuestión de fondo, las nuevas reglas laborales dispuestas por el Ejecutivo ya son aplicables para empleadores y trabajadores de todo el país.
