La batalla por el control contable y administrativo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un capítulo de alto voltaje que trasciende los pasillos del deporte y se instala de lleno en la arena política.
El foco del conflicto radica en el reconocimiento oficial, por parte del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, del nuevo domicilio legal de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La sede validada por la provincia se ubica en la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar. Sin embargo, lo que en los papeles figura como un punto administrativo clave, en la realidad es un escenario completamente distinto.
La controversia estalló tras los operativos de fiscalización realizados por las autoridades de control nacional, quienes se acercaron a verificar la veracidad de la documentación presentada:
Inspección Conjunta: Agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) se presentaron en la dirección declarada en Pilar.
El resultado: Los inspectores constataron que en el lugar no funciona ninguna oficina administrativa.
El estado del predio: Según lo descrito por los agentes en los reportes oficiales, la supuesta sede de la AFA es, en términos prácticos, un terreno baldío.
Este aval provincial a un domicilio aparentemente inexistente en la práctica profundiza la grieta institucional. La decisión de trasladar la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires es vista como una maniobra estratégica de la gestión de Tapia, encontrando amparo en la administración de Kicillof. No obstante, las actas contundentes labradas por ARCA y la IGJ exponen una irregularidad que supera el mero trámite burocrático y promete desatar nuevas consecuencias legales.
