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title: "Freno judicial al nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires"
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description: "La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense."
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date_published: "2026-09-08T09:11:00-03:00"
date_modified: "2026-09-08T09:24:16-03:00"
author_name: "REDACCIÓN"
category_name: "Actualidad"
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category_description: "INFORMACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES Y MUNICIPIOS DEL CONURBANO SUR"
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# Freno judicial al nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

![jueza](/download/multimedia.normal.a8587895af5f99a8.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La medida fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ante la falta de infraestructura y condiciones materiales indispensables para afrontar la normativa.

**Claves de la medida y argumentos del fallo**

**Infraestructura insuficiente:** La resolución advierte sobre la escasez de cupos y la precariedad en los dispositivos de alojamiento para menores, advirtiendo que el hacinamiento carcelario en estas condiciones profundiza la violencia en lugar de ofrecer una solución real a la seguridad.

**Principio precautorio:** El fallo se apoyó en normas constitucionales y tratados internacionales de protección de la infancia para exigir que el Estado garantice condiciones materiales e institucionales antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

**Defensa de la magistrada:** Tras recibir cuestionamientos políticos, la jueza Pascual defendió su resolución al señalar que “con esta ley no vamos a crear más seguridad” y aclaró: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

La decisión judicial generó un fuerte cruce en la escena política entre funcionarios nacionales y provinciales, poniendo en evidencia el debate estructural sobre la capacidad del sistema para contener y reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley.

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